Con este inesperado devenir, se ha producido pues, una importante transformación de las sociedades, en las que tienen que convivir las nuevas normas post-Covid con el cuerpo legal que ya operaba en dicha sociedad. Ahora, pasada la tempestad, esta armonización legal va a exigir un ponderado esfuerzo añadido a la actividad legislativa, puesto que hay mucho que derogar y mucho que atemperar; y, como no, al ser la pandemia COVID-19 un fenómeno inacabado -y repetible en el futuro-, ello implica que, a las regulaciones existentes que se mantengan en vigor, o políticas de resiliencia, se seguirán otra serie de copiosas ordenaciones que son, actualmente, de lege ferenda.
Todo este proceso de adaptaciones es
conflictivo y se proyecta en varias direcciones; a nivel personal, por
cuanto la pandemia generó un ingente número de roles profesionales, que no se
mantendrán en el futuro [piénsese, por ejemplo, en los puestos de control
social de la vacunación, del tránsito interregional o internacional, sanitarios
provisionales, etc…]; a nivel institucional, porque hay que finalizar
cometidos administrativos [piénsese también en la profusión de dependencias que
se crearon para comprar, racionalizar el material sanitario y su distribución,
para actuar en emergencias creando espacios provisionales o de emergencia,
etc…]. En definitiva, hay que reinventar el concepto de “bien común” y del
bienestar, que promulga, como vocación inquebrantable, el texto constitucional.
Ante este escenario tiene que emerger
una nueva concepción del estatus de abogado, como
el primer paladín de la defensa de los derechos individuales de personas y
agentes sociales -empresas, asociaciones, etc…-, para
que queden restablecidas sus capacidades en la plenitud que se merecen; no solo
una defensa frente a las Administraciones, que están obligadas a promover y
potenciar las libertades [a modo de ejemplo, políticas de subvenciones y ayudas
a las empresas perjudicadas, fomento del emprendimiento, el teletrabajo, etc…],
sino frente a otros agentes sociales cuyo papel es fundamental para que se
produzca el progreso social [por ejemplo, la banca y sus políticas crediticias,
las aseguradoras, etc…].
Este concepto de la abogacía, que podemos
denominar “providente” -prudente, previsora-, es una
abogacía reflexiva, erudita y pluridisciplinar en la que el profesional del
Derecho, ya no cuida de que se ahorme el interés del cliente a la norma, sino
que estudia y argumenta procesalmente y en sus asesoramientos en base a
principios sociológicos que informan las leyes y que, son especialmente
vulnerados ahora, en la modernidad, a causa de la repentización legislativa y
los intereses políticos; buena muestra de todo ello, se ha podido comprobar en
el periodo Covid.
Así, cuestiones que se han suscitado -y pueden
volver a suscitarse en el futuro-, como la obligatoriedad de la vacunación a la
población de forma indiscriminada y voluntarista, la supresión de derechos de
desplazamientos de la ciudadanía, sus derechos de reunión y manifestación, la
responsabilidad frente a los posibles daños corporales que produzcan las
medidas sanitarias, la prohibición a adoptar medidas terapéuticas alternativas
para combatir el COVID-19 o cualquier deriva de este virus, la prohibición de
comunicaciones, los excesos en la vigilancia y control, y un largo etcétera, deben
de ser atendidas por los profesionales del Derecho, en defensa de los ciudadanos
que han sido sancionados o que, de otra forma, han sido perjudicados por las
medidas adoptadas; también, en defensa de cualquiera, que una futura iniciativa
legislativa -inclusive, anticonstitucional- pudiera afectarle.
Así, los profesionales del Derecho deben
tener una formación pluridisciplinar para actuar eficazmente en los nuevos escenarios
en los que la persona física o jurídica ha sido o está siendo perjudicada; o
que, no es impensable, que pueda serlo en el futuro.
Es fundamental, también, que la nueva
abogacía intervenga en los procesos de acreditación del complimiento normativo
-compliance-, tanto en la auditoría como en la implantación
de procedimientos para aquellas empresas que tienen que demostrar que han
realizado un esfuerzo de adaptación normativa y de responsabilidad corporativa
para ahormarse legalmente a los nuevos escenarios sanitarios y organizativos
que ha impuesto la pandemia.
