Muchas empresas se encuentran actualmente en pleno desarrollo de sus capacidades informáticas para asumir los nuevos retos de competitividad; además de un incremento de sus recursos en equipamientos hardware -PC’s, portátiles, tablets, etc.- y de comunicaciones -más ancho de banda, más líneas, más electrónica de red, etc.-, una mayor digitalización en la empresa supone aumentar el número de funcionalidades para los clientes, un mayor análisis de los datos, una mayor visualización en Internet, etc. En definitiva, más esfuerzo en el desarrollo de software de Aplicación que se construye a partir de “paquetes”, esto es, asumiendo un producto previamente desarrollado y multiimplantado en varios o muchos clientes, al que se le hacen adaptaciones a la empresa en cuestión en mayor o menor grado; también, de “desarrollos a medida”, en el que el producto resultante debe de responder a la estricta forma en la que trabaja la empresa que contrata el desarrollo.
Ni que decir tiene de que, en ambos casos, además de que el software debe funcionar y cubrir todas las expectativas de servicio a las áreas de negocio de la organización, es fundamental que recoja toda la regulación legal y otras exigencias de cumplimiento normativo -compliance-, para que, de forma automática se obtengan los informes de control interno, management, y prevención del delito que exigen las leyes.
En esta situación, es muy importante que la empresa informática proveedora cumpla con lo pactado con el cliente; en precio, tiempo y calidades, esto es, con el soporte de todas las funcionalidades que requiere el cliente, en un plazo acordado y en el precio pactado. la realidad es que, tal y como demuestran la información fidedigna de las consultoras del sector tecnológico, un 84% de los proyectos de desarrollo de software incumplen con los clientes, llegando a fracasar, por incumplimiento total, más de 41%, que tiene que acudir a proveedores alternativos duplicando o triplicando los costos previstos.
La razón de estos fracasos reside en la falta de una buena contratación, en la que queden claro y, jurídicamente asegurado, el alcance del proyecto de desarrollo de software, y el seguimiento de los hitos y calidades de las entregas. En esta situación, cada desviación -en plazo de entrega, precio o menor calidad-, prevista en la contratación, sería objeto de advertencias y penalizaciones, pudiendo llegar, si fuera el caso, a la resolución del contrato y a la litigación. Una litigación que habitualmente se realiza por bufetes de abogados desconectados del proyecto informático -o sin formación técnica-, por lo que se reducen las expectativas de resarcimiento de la empresa defraudada por el proveedor informático.
La solución a todo ello es la mediación e intervención de la ciberabogacía. Solo, con esta intervención de los expertos en defensa técnica y jurídica en TI se consigue, no solo una “alerta temprana” del posible incumplimiento, lo que ahorra tiempo y dinero, sino que el éxito judicial está mayormente garantizado.
